Entre el 1 de agosto de 2022 y el 31 de marzo de 2023, los países de la Unión Europea se comprometieron a reducir en un 15% su consumo de gas respecto a la media de los últimos 5 años.
Por Matías Fidel Cacheiro.
Los países comunitarios aprobaron formalmente reducir de forma voluntaria el consumo de gas hasta la próxima primavera. Solo Polonia y Hungría votaron en contra.
“El propósito de la reducción de la demanda de gas es hacer ahorros para este invierno, con el fin de prepararse para posibles interrupciones en el suministro de gas de Rusia, que está utilizando continuamente los suministros de energía como arma”, señaló en un comunicado el Consejo de la UE, institución que representa a los Estados miembros.
Algunos países gozarán de excepciones.
El reglamento adoptado contempla excepciones, por ejemplo, para países miembros que no están interconectados con las redes de gas de otros Estados comunitarios, para países con bajo nivel de interconexión o cuya red eléctrica no esté sincronizada con la europea, como los países bálticos. Países insulares como Malta, Irlanda o Grecia también gozarán de excepciones o aquellas capitales que hayan superado sus objetivos de almacenamiento de gas.
Las reservas de gas se encuentran actualmente a un nivel del 70,9 por ciento, en línea con el objetivo de llegar al 80 por ciento para el 1 de noviembre, aunque se está pagando el combustible a unos precios históricamente muy elevados.
De plan voluntario a obligatorio.
El plan voluntario para reducir el consumo de gas podría volverse obligatorio si el Consejo, a propuesta de la Comisión Europea, activa una “alerta” en caso “de riesgo sustancial de escasez grave de gas o de demanda de gas excepcionalmente elevada, o si cinco o más Estados miembros que hayan declarado una alerta a nivel nacional solicitan a la Comisión que lo haga”.
Los Estados miembros son los encargados de diseñar sus propios planes de ahorro de gas, tras haber acordado que darán prioridad a medidas que no afecten ni a los hogares ni “a los servicios esenciales para el funcionamiento de la sociedad, como las entidades críticas, la atención médica y la defensa”.
Los planes nacionales de emergencia tendrán que actualizarse y las capitales informarán periódicamente a Bruselas de los cambios.
Cuando el reglamento, que es una medida excepcional y extraordinaria, cumpla su periodo de vigencia, la Comisión Europea analizará en mayo de 2023 si es necesario prolongarlo.
